PODER JUDICIAL APRUEBA PROTOCOLO QUE PROMUEVE EL RECONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

Medida permite a los Trabajadores Sociales realizar evaluaciones de acuerdo al Modelo Social centrado en la autonomía de este sector vulnerable.

Como parte del Plan de Trabajo para el año 2024, el Programa Presupuestal 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” liderado por el Señor Doctor Johnny Manuel Cáceres Valencia, viene elaborando documentos normativos que permiten simplificar y estandarizar los procesos de la especialidad de familia.

En virtud a ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 068-2024-CE-PJ que aprueba el Protocolo denominado “Evaluación de las barreras de la comunicación y necesidades de apoyos para la persona con discapacidad y persona adulta mayor”, junto con importantes anexos como un acta de consentimiento informado, formatos de informes sociales y flujogramas que grafican los procesos de reconocimiento y proceso de designación judicial de apoyos.

El referido documento establece las pautas para que los Trabajadores Sociales del Equipo Multidisciplinario realicen los esfuerzos reales y pertinentes para asistir en la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad y persona adulta mayor; lo cual, permitirá disminuir el aprovechamiento e influencia indebida por parte de las personas del entorno.

Cabe precisar que el presente protocolo, ha incorporado las propuestas recabadas en la Mesa de Trabajo Multisectorial denominada “Promoviendo los derechos de la persona adulta mayor y la persona con discapacidad” organizada por el PpR Familia, en donde se contó con la participación de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, asociaciones civiles y órganos rectores en temas de discapacidad y personas adultas mayores.   

En definitiva, el PpR Familia continúa con su compromiso de ejecutar acciones con impacto en la celeridad, cumpliendo con los estándares internacionales dispuestos en la Convención de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Lima, 12 de marzo de 2024